By Jennifer Sawhney

La semana pasada, los residentes de Little Woods Mobile Villa recibieron un informe que marcó un paso significativo hacia el cierre del parque de casas móviles, una intención manifestada por el propietario de la comunidad desde hace años.

Según las leyes estatales y municipales, los propietarios de estos tipos de parques deben pagar por un «informe sobre el impacto del reasentamiento» para que el cierre pueda llevarse a cabo. Notablemente, los datos recopilados sirven para determinar si dicho cierre contribuirá a agravar la escasez de vivienda asequible en la zona. Al final, será el Concejo Municipal de Petaluma quien tome la decisión definitiva a finales de este año.

Situado por la calle Lakeville, frente a la marina de Petaluma, este parque de casas móviles —que cuenta con 78 espacios— es uno de los tres recintos en Petaluma que se encuentran en el centro de una prolongada disputa. El conflicto busca equilibrar el mantenimiento de alquileres asequibles para los residentes con la obtención de beneficios adecuados para los propietarios.

Esto ocurre en el contexto de una crisis de vivienda asequible que afecta a todo el estado.

«El cierre del Parque resultará en la pérdida de 78 unidades de vivienda funcionalmente asequibles y el desplazamiento de 71 hogares, de los cuales el 77 % de los residentes entrevistados tenía ingresos extremadamente bajos,», señala el informe. Es decir que un hogar de cuatro personas percibe, como máximo, 45 300 dólares anuales.

Desde 2023, la empresa Harmony Communities, con sede en Stockton, ha repetido en varias ocasiones su intención de cerrar este complejo de viviendas prefabricadas. En dos ocasiones ha intentado aumentar los alquileres, y en una instancia, por un importe superior a los 1500 dólares mensuales. Los propietarios han cuestionado la ordenanza municipal de estabilización de alquileres, que entró en vigor en 1993 y fue actualizada en 2023.

El parque alberga a residentes de todas las edades, con una numerosa población de latinos y personas mayores. Cerca de la mitad de los hogares indicaron tener hijos que asisten a escuelas locales.

Los residentes son dueños de las estructuras, pero pagan un alquiler por el terreno debajo de sus unidades, además de los servicios públicos.

Según los códigos de California y de la ciudad, si una casa móvil no puede reubicarse en un espacio comparable dentro de otro parque, el propietario del parque debe pagar el valor justo de mercado de dicha vivienda.

El informe incluye datos sobre la antigüedad promedio de las viviendas (37 años), el valor individual de las casas móviles (que oscila entre 40.000 dólares por una unidad de un dormitorio y 265.000 dólares por una unidad doble de tres dormitorios), los perfiles de los residentes, el estado de las casas móviles a la venta en la región y el perfil de la vivienda en la ciudad, entre otros datos.

El valor total tasado de todas las viviendas es de aproximadamente 12 millones de dólares, mientras que el terreno tiene un valor de unos 2,6 millones de dólares. Los propietarios también podrían estar sujetos a otros costos de compensación.

«No hay espacios vacantes disponibles para alquiler para casas prefabricadas dentro del Condado (de Sonoma) a diciembre de 2025», señala el informe.

Una prueba emocional

Los últimos años han sido emocionalmente turbulentos para muchos residentes, quienes se preguntan si su inversión —una de las últimas opciones de vivienda asequible que no cuenta con subsidios gubernamentales— ha valido la pena.

«Nos sentimos temerosos y con gustia, pero, pues, también tenemos una esperanza que vean que somos muchos y que no volvemos homeless. Porque, adonde vamos a vivir?,», señaló Gisela Ruiz, quien reside allí junto a sus dos hijos adolescentes.

Ella comentó que la administración ha presionado injustamente a los residentes en relación con las reparaciones y ha eliminado plazas de estacionamiento —obligando a las familias a estacionarse lejos durante la noche—, lo que ha intensificado el temor a perder sus viviendas.

Ruiz señaló que el estrés ha afectado a todos, y añadió que fue especialmente intenso entre varios residentes de edad avanzada que fallecieron, incluida Katherine Bobrowski, quien expresó sus preocupaciones en varias ocasiones durante las reuniones del concejo municipal. Esta residente, que vivió durante mucho tiempo en Petaluma, no quería que los propietarios del parque fueran dueños de su vivienda; sin embargo, al no tener familiares directos, es posible que eso termine ocurriendo, comentó Ruiz.

A lo largo de los años, ha habido tres arbitrajes para Little Woods que dieron como resultado cero aumentos de alquiler. Además, los propietarios de este y otros parques han presentado diez demandas ante tribunales del condado y federales para impugnar las normas municipales de protección a la vivienda (a lo que tanto la ciudad como Fannie Mae han respondido con contrademandas). Tan solo este año, los propietarios de Little Woods interpusieron dos demandas contra la ciudad: una para cuestionar el costo de 264,220 dólares del informe de reubicación, y otra en la que alegan retrasos en la publicación de dicho informe.

Petaluma Voice intentó obtener comentarios de un propietario del parque y de un abogado, pero no recibió respuesta inmediata.

Tras la publicación del informe la semana pasada, los residentes se reunieron en una vivienda de Little Woods para analizar el documento. Bajo el toldo, en el exterior de la casa, se sentaron en sillas plegables blancas; muchos, con los brazos cruzados, se inclinaron hacia adelante con interés mientras escuchaban.

La reunión estuvo dirigida por Jodi Johnson, residente del parque de casas móviles Youngstown Mobile Home Park y defensora desde hace mucho tiempo. Ella señaló que el informe les favorecía, dadas las condiciones de habitabilidad, pero instó a los residentes a asistir a la última reunión municipal para hacer oír sus voces. También estuvo presente, en apoyo a los residentes, Eric Vazquez, candidato al Distrito 3 del Concejo Municipal, zona que abarca dicho parque.

Muchos de los asistentes se acercaron para depositar billetes de 10, 20 y 50 dólares en una bolsa de plástico transparente, con el fin de contribuir al pago de 1.000 dólares en gastos legales. Algunos vecinos se animaron mutuamente a continuar con la lucha, al percibir un agotamiento colectivo.

En el momento de la publicación del informe, los propietarios no han propuesto formalmente ningún cambio en el uso de la propiedad, la cual actualmente está clasificada para un parque de casas móviles.

«En este momento, no existe un cronograma formal para el cierre», señala el informe. La ley de California exige que los propietarios proporcionen un aviso por escrito con al menos seis meses de antelación, una vez que el concejo apruebe cualquier modificación en el uso permitido de la propiedad.

«Yo se que ya están cansados – estamos cansados – cuatro años», dijo una residente que prefirió no revelar su nombre por temor a posibles represalias. «Eso yo lo entiendo. Cuatro años se dicen ‘pero estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo.’ Pero ahorita ya llegamos a la recta final donde se va a votar si se queda bien o si cierra. Por favor, si ya estamos en lo último, pelean hasta lo último».

Más adelante, los residentes tendrán la oportunidad de reunirse con personal municipal para hablar sobre el informe el 6 de noviembre, antes de que el Concejo Municipal de Petaluma decida si aprueba o rechaza el cierre del parque, en una votación programada provisionalmente para el 14 de diciembre.

Jennifer Sawhney es reportera y cofundadora de Petaluma Voice. Se puede contactar con ella a través de jsawhney@petalumavoice.org.

Lee la nota en ingles aquí: petalumavoice.org/little-woods-one-step-closer/